Avala Congreso intercambio de predios para construir Centro de Atención Estatal; Morena acusa conflicto de interés

Tras una larga discusión, el dictamen fue aprobado por 18 votos a favor y 7 en contra.

Tras más de dos horas de debate y una confrontación que, como pocas veces, exhibió las diferencias entre Morena y el bloque mayoritario del Congreso local, la LXVI Legislatura aprobó este jueves la permuta de diez predios para la construcción del Centro de Atención Estatal, un complejo administrativo que concentrará servicios gubernamentales.

La votación también dejó sin efectos el Decreto 285, aprobado en octubre de 2025, mediante el cual diversos inmuebles estatales habían sido destinados al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.

La discusión estuvo marcada por acusaciones de opacidad, señalamientos de presuntas irregularidades en el procedimiento y cuestionamientos sobre la prioridad de la obra frente a otras necesidades sociales. Del otro lado, los legisladores que respaldaron el proyecto defendieron la legalidad del proceso y argumentaron que la operación permitirá transformar bienes inmuebles en infraestructura pública permanente.

El debate fue encabezado por diputados de Morena, quienes insistieron en que la operación carece de información suficiente para garantizar la protección del patrimonio estatal. El diputado Fernando Alférez sostuvo que el dictamen representa "un agravio al Estado de derecho" y acusó al Ejecutivo de haber iniciado trabajos relacionados con el proyecto antes de contar con la autorización legislativa correspondiente."Si aprobamos este dictamen, estaremos enviando el mensaje de que en Aguascalientes el Poder Ejecutivo puede saltarse la ley, ocultar a los contratistas, iniciar obras sin permiso y regalar el patrimonio estatal", afirmó desde tribuna.

Alférez cuestionó además que el dictamen identificara al beneficiario únicamente como "el particular" y señaló directamente a la empresa Constructora e Inmobiliaria GAE como la interesada en la operación. También exigió la publicación de avalúos que permitan conocer el valor comercial de los inmuebles involucrados.

En el mismo sentido, la diputada Miriam Yazú Muñoz Márquez señaló lo que calificó como inconsistencias del procedimiento. Entre ellas, la ausencia de avalúos comerciales, la falta de licitación pública y la inexistencia de una justificación sobre por qué los predios seleccionados dejaron de ser útiles para los fines originalmente previstos. "¿No sería mejor que el Estado invirtiera en más hospitales, escuelas y centros de atención integral para niñas, niños y adolescentes, en vez de realizar unas oficinas burocráticas?", cuestionó.

La diputada Ale Peña centró parte de su intervención en la Villa Charra, uno de los inmuebles incluidos en la operación patrimonial. Recordó que el predio fue recuperado para el patrimonio estatal tras décadas de litigios y acusó al Gobierno estatal de pretender transferir terrenos de alta plusvalía a una empresa privada. "Nadie discute la conveniencia de modernizar la atención gubernamental. Lo que vengo a denunciar es un fraude a la ley que estamos orquestando frente a nuestros ojos para regalar el patrimonio del Estado", sostuvo.

La legisladora Ana Laura Gómez Calzada retomó la crítica desde otra vertiente y vinculó la discusión con la crisis hídrica que enfrenta la entidad. "Mientras aquí el agua falta, la gente seguirá esperando. Da la impresión de que aquí sobran terrenos privilegiados para repartir, pero faltan soluciones reales para lo que de verdad le quita el sueño a nuestras familias", expresó, justo antes de que el diputado Rodrigo Iván González Mireles también pidiera inversión para otro tipo de infraestructura, como refugios para mujeres, infancias y población vunerable; las cuales, consideró, son más urgentes que la construcción de oficinas burocráticas: "El patrimonio de Aguascalientes le pertenece a su gente, a sus mujeres, a sus niñas y a sus niños, y debe ser utilizado exclusivamente para garantizar sus derechos y su bienestar", declaró.

Desde la Comisión de Vigilancia, la diputada Laura Patricia Ponce Luna defendió el trabajo técnico que dio origen al dictamen y rechazó las acusaciones de falta de control legislativo: "El dictamen presentado es el resultado de un análisis riguroso, estrictamente técnico y apegado a la legalidad", afirmó, sosteniendo que la operación no representa una transmisión directa de los bienes, asegurando que la comisión revisó exhaustivamente la documentación para garantizar la protección del patrimonio estatal.

En la misma línea, el diputado Salvador Maximiliano Ramírez argumentó que la verdadera defensa del patrimonio consiste en convertir bienes inmuebles en infraestructura útil para la población. "Para algunos significa conservar terrenos; para nosotros significa poner esos bienes al servicio de las personas", expresó.

Ramírez Hernández rechazó que exista una pérdida patrimonial y sostuvo que los predios serán transformados en una obra pública que permanecerá al servicio de futuras generaciones.

La intervención más confrontativa corrió a cargo del diputado Emanuelle Sánchez Nájera, quien acusó a Morena de utilizar el debate con fines políticos y de difundir información falsa sobre las facultades del Congreso: "Morena quiere recuperar los votos que ha perdido diciendo mentiras. La primera mentira es hacerle creer a la gente que este Congreso está facultado para asignar obras y revisar avalúos. Eso es algo que el Congreso no puede hacer", afirmó, defendiendo que la función del Poder Legislativo se limita a autorizar la figura jurídica de la permuta y asegurando que los procesos de valuación y licitación corresponden a otras instancias.

También rechazó que se trate de una entrega gratuita de bienes públicos y argumentó que la operación permitirá sustituir terrenos sin aprovechamiento por infraestructura que seguirá siendo patrimonio estatal.

La aprobación del dictamen pone en marcha uno de los proyectos patrimoniales más relevantes impulsados por la administración estatal durante la actual legislatura. El esquema contempla la desincorporación de diez bienes inmuebles estatales para financiar la construcción del Centro de Atención Estatal mediante una modalidad de permuta de ejecución de infraestructura.

Sin embargo, la discusión dejó abiertas preguntas sobre el valor de los predios involucrados, la transparencia del procedimiento y el impacto patrimonial de una operación que, pese a haber superado el filtro legislativo, continuará bajo el escrutinio de la oposición y de distintos sectores de la opinión pública.