‘Lo que diga el obispo es irrelevante’; Ana Laura Gómez desestima la opinión de religiosos sobre el aborto

La diputada morenista consideró que la iglesia no debe participar en la discusión legislativa.

La diputada local Ana Laura Gómez afirmó que la opinión de la Iglesia católica sobre la discusión del aborto en Aguascalientes resulta “irrelevante” dentro del debate legislativo y jurídico, al sostener que el Estado mexicano es laico y que las decisiones públicas deben apegarse a la Constitución y a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las declaraciones ocurren en medio de la expectativa por un posible fallo de la Corte contra la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes que redujo de doce a seis semanas el plazo legal para interrumpir un embarazo, modificación que actualmente enfrenta acciones de inconstitucionalidad.

Cuestionada sobre los posicionamientos recientes de representantes de la Iglesia en torno al tema, la legisladora sostuvo que el clero debe mantenerse al margen de las decisiones legales y parlamentarias. “El obispo debe dedicarse a lo que le compete, creo que no es un tema que se debe de discutir allá, eso ya se habló hace miles de años, hace muchísimos años, así no tenemos por qué tomar en cuenta su opinión porque nada tiene que ver con la ley, con las reglas y normas, entonces me parece irrelevante”, declaró.

La diputada enfatizó que el marco jurídico mexicano establece claramente la separación entre Iglesia y Estado, por lo que consideró improcedente que actores religiosos busquen influir en decisiones legislativas relacionadas con derechos reproductivos. “Aguascalientes es laico, pero habrá sus intentos de personas muy específicas, pero la ley es muy clara, se ha luchado mucho por este estado de derecho”, expresó.

La controversia escaló luego de que organizaciones provida y sectores religiosos manifestaran públicamente su rechazo al proyecto de resolución que analiza la SCJN y que perfila invalidar la reducción del plazo legal para abortar en Aguascalientes, al considerar que representa un retroceso en derechos humanos.

El proyecto del máximo tribunal sostiene que limitar la interrupción legal del embarazo a seis semanas podría vulnerar el principio de progresividad de derechos, debido a que previamente el estado ya había reconocido un margen de 12 semanas tras la despenalización ordenada por la propia Corte en 2023.

En ese contexto, Ana Laura Gómez advirtió que los representantes populares están obligados a respetar el marco constitucional y las resoluciones judiciales, independientemente de posturas ideológicas o religiosas. “SI no, sería un desacato, y no podemos hacer caso omiso porque puede haber consecuencias graves como representante popular”, señaló.